Los desafíos de los presos que dan la PSU

Aulas en los módulos, cuadernos en las celdas, maestros mezclados con gendarmes. Esta es parte de la rutina de miles de chilenos presos que intentan, en el encierro, regularizar su escolaridad. Y algunos, los menos, piensan en la educación superior.

Para aumentar sus posibilidades los expertos proponen universidades intrapenales y acompañamientos para los que logren la libertad.

Según datos de Gendarmería, en las cárceles existen actualmente 98 establecimientos educacionales que en 2016 atendieron a 15.472 internos, de los cuales 1.687 (10,9%) se inscribieron para rendir la PSU (147 mujeres y 1.540 hombres). El año anterior, 2.022 reos (13%) estaban inscritos para rendir el examen.

Para el director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, la socialización y la educación de las personas privadas de libertad constituyen pilares fundamentales para la reinserción social.

“A mayor educación mayor posibilidad de comprender el medio, lo que trae consigo el desarrollo de habilidades positivas que inciden en el mejoramiento de las condiciones necesarias para una integración social efectiva”, asegura Rojas.

Marcela Gaete, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile y directora de la Red de Pedagogía en Contextos de Encierro (PECE), destaca que la educación no sólo es un medio de reinserción social, sino un derecho. “Las personas no lo pierden cuando son condenadas”, afirma.

Pero a diferencia de lo que pasa con las 141.906 personas que en este proceso 2016-2017 postularon a algún centro de educación superior, para los reos el camino a la universidad es más largo e intrincado.

Las opciones de las personas privadas de libertad no sólo dependen de un buen puntaje sino de numerosas otras variables.

“El primer elemento a considerar es saber de qué interno se trata. Si puede o no optar a libertad condicional o a un régimen que le facilite la asistencia a la universidad”, explica Rojas.

Y agrega que, en el caso de los internos que obtuvieron un buen puntaje, existe un reglamento que permite a Gendarmería otorgar permisos especiales para continuar en la educación superior.

“Eso sí, este permiso está sujeto a evaluación de ciertas condiciones, como la conducta y el cumplimiento de tiempos mínimos de condena. En otro ámbito, la disciplina y la regulación personal constituye una exigencia fundamental para el cumplimiento de tareas fuera del penal”, precisa Rojas.

Experiencia

Todo esto lo conoce bien Gilberto Soto, director de la Escuela especial para adultos E-508, que funciona al interior del Complejo Penitenciario de Valparaíso (CPV).

“Llegar a la universidad es difícil para los internos, porque ellos parten con las condicionantes de conducta y de condena”, explica Soto, quien lleva 16 años trabajando con personas privadas de libertad.

Soto cuenta que en su escuela el año pasado 40 internos rindieron la PSU, de los cuales sólo tres sacaron un puntaje que les permitía optar a alguna carrera de educación superior (más de 450 puntos).

“Uno de ellos incluso sacó más de 550 puntos, pero al hablar con las personas que tienen que ver las solicitudes no fue autorizado. En tanto, los otros no tenían los tiempos (de condena cumplida) suficientes”, apunta Soto.

Para lograr verdaderos avances “el apoyo de la familia es fundamental”, dice Soto, destacando otra de las grandes carencias que tienen muchos de los estudiantes internos de nuestro país.

La profesora Gaete precisa que buena parte de la población penal, que es bastante joven en Chile, ya no tiene o nunca tuvo esas redes familiares por lo que, además, necesitan acompañamiento.

Para los reos que ya lograron o están a punto de lograr su libertad, Gaete propone crear instituciones que puedan acogerlos y que actúen como intermediarios entre la prisión y el medio libre educativo. Y para aquellos a los que les falta mucho para cumplir sus condenas, lo ideal, según la académica, son las universidades intrapenales.

“Gendarmería necesita un programa permanente y continuo de educación penitenciaria cada vez más orientado a obtener, por parte de los internos, títulos y grados. Es decir, complementar el sistema de educación básica y media actual con uno de educación superior”, asegura el director nacional de la institución.

“Para ello es fundamental una política pública en conjunto con el Ministerio de Educación y otros organismos públicos en apoyo a la reinserción social”, agrega Rojas.

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